La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las SICAV.
La comisión ha dado el visto bueno a la norma por mayoría -PP y Vox han votado en contra- con competencia legislativa plena, por lo que pasa directamente al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria.
Han pasado siete meses desde que el proyecto de ley entró en el Congreso el pasado octubre, aunque la norma ya había sido aprobada por primera vez en Consejo de Ministros a finales de 2018, pero no llegó a tramitarse porque se convocaron elecciones anticipadas.
De las enmiendas introducidas en el Congreso, destaca la extensión a los particulares de la limitación a un máximo de 1.000 euros de los pagos a empresas o profesionales, cuando en el texto original se circunscribía a operaciones entre empresarios.
Asimismo, se ha incluido una aclaración del procedimiento para las inspecciones de la Agencia Tributaria (AEAT) en el domicilio de un contribuyente, de forma que cuando sea necesario llevarlas a cabo, la AEAT deberá obtener o el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial.
La solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad, especificando los impuestos y periodos a los que se refiere la investigación.
Esta aclaración legal se ha incluido en el texto después de que el Tribunal Supremo cuestionara que se pueda dar una autorización judicial a un registro por «una corazonada» basada en que un contribuyente tributa por debajo de la media del sector.
La ley recoge mayor control sobre la tenencia y operaciones con criptomonedas: solo en 2020 se estima que hubo en circulación 6.500 criptomonedas.
En la lucha contra el fraude fiscal, el proyecto también considera la prohibición de softwares de doble uso utilizadas por las grandes compañías para manipular la contabilidad
Se ha endurecido también el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) para garantizar que son realmente sociedades colectivas.
De esta forma, el régimen favorable fiscal de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros (12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos), lo que evita que el cupo se complete con los denominados «mariachis» o socios con participaciones irrelevantes.
Además, se ha establecido un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %, con el objetivo de dar mayor dinamismo a las inversiones.
Reducción de los recargos por presentar impuestos fuera de plazo
Otra de las novedades más importantes que está actualmente recogida en el proyecto de ley sería la reducción de las sanciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo, pero sin requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria, sus declaraciones de impuestos como IVA, IRPF o Sociedades, entre otros.
De entrar en vigor el artículo 27 del proyecto de ley contra el fraude, el recargo pasará a ser «del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido».
Es decir, se pretende que no haya cambios tan bruscos como hay ahora mismo de un mes a otro, ya que un empresario que presente con un día de retraso su declaración trimestral tendría el mismo recargo que uno que lo haga con dos meses y medio de retraso. Sin embargo, si lo presentara a los tres meses y medio pasaría a tener, de golpe, del 5% al 10% de penalización.
No obstante, con el nuevo sistema, cada mes sería un 1% más durante los doce primeros meses, lo que podría animar a los contribuyentes a no esperar y pagar más tarde sus declaraciones porque les salga al mismo precio devolver los impuestos en el primero que en el segundo mes.
Aumenta de la reducción de sanciones por conformidad y pronto pago
Así mismo, el proyecto eleva las reducciones a las que pueden optar los contribuyentes, tanto por conformidad como por pronto pago. De este modo, se eleva del 50% al 65% la reducción de la sanción impuesta en el caso de que haya un acta de acuerdo.
También se aumenta del 25% al 40% la reducción cuando se realice el abono del importe total de la sanción en periodo voluntario -‘pronto pago’-.
