El Gobierno ha puesto finalmente en negro sobre blanco sus cálculos sobre el crecimiento adicional que aportarán a la economía española los cerca de 140.000 millones de euros en ayudas europeas en camino que sufragarán los dos centenares de inversiones y reformas incluidas en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En conjunto, según el documento provisional, el programa aportará dos puntos adicionales al aumento anual del PIB, si bien en el medio plazo su impacto se irá diluyendo hasta situarse en apenas cuatro décimas. Una aportación residual que, en todo caso, debería permitir situar el crecimiento económico potencial por encima del 2% anual en la próxima década.
El detalle del borrador, que el Gobierno ha enviado a Bruselas, explica en buena medida las nuevas previsiones económicas. Tras el mal arranque de año que deja la pandemia y dado el retraso en la puesta en marcha del plan, que el Ejecutivo asume que no comenzará a dar frutos hasta el segundo semestre, Economía rebajó del 9,8% al 6,5% el avance del PIB estimado para este año, cuando las ayudas aportarían menos de dos puntos al crecimiento.
El empuje sería algo superior en 2022, cuando se avanzaría un 7% e iría perdiendo fuelle, hasta el 3,5% en 2023 y el 2,1% en 2024. En este periodo España recibirá cerca de 80.000 millones de euros en subvenciones, mientras que en los siguientes tres años aspira a obtener hasta 70.000 en créditos blandos con los que reanimar de nuevo el crecimiento. La estrategia, según avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el análisis del plan realizado por la comisión interministerial, es situar el crecimiento potencial del PIB por encima del 2% anual a partir de 2030.
Así, de cara al periodo 2021-2023, los efectos en el PIB y en el empleo serán “intensos”, según detalla el documento, gracias a las medidas que forman el eje de la agenda urbana y rural, a un lado, y el de la modernización y digitalización del tejido industrial y recuperación del turismo, al otro. En el mundo laboral, de nuevo en el corto plazo, también tendrá efectos llamativos el eje de la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo.
A largo plazo, sin embargo, las inversiones que redundarán en un mayor crecimiento del PIB serán las relativas, por un lado, a la educación, la formación continua y el desarrollo de capacidades y, por otro, al pacto por la ciencia y la innovación. Ambos ejes, de cara a 2021-2023, cuentan sin embargo con un efecto “moderado”, según el documento, A largo plazo también será notable la digitalización de la empresa y la transición energética sostenible. El impacto potencial de la agenda urbana, tan importante en los dos próximos años, será sin embargo “moderado” en el largo plazo.
El documento del Gobierno, ofrece también algunos detalles clave del paquete de reformas que España comprometerá ante sus socios europeos a cambio de las ayudas. Estas incluyen medidas fiscales para avanzar “hacia un sistema tributario suficiente y más eficiente, equitativo y justo, y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”, después de que la crisis haya disparado el déficit público del 2,8% al 10,9% y la deuda pública del 95,5% al 120% del PIB. A tal fin, expone, “se va a emprender una reforma del sistema tributario, para garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión, contribuyendo a la reducción del déficit estructural y al mantenimiento del Estado de bienestar, acercando la presión fiscal de España a la media de los países de la zona euro”.
La medida incluirá “ajustes en los impuestos (con una revisión en profundidad de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes)”, para complementar las medidas ya puestas en marcha de fiscalidad digital (tasa Google), financiera (tasa Tobin) y de lucha contra el fraude (en tramitación). Buena parte del foco se pondrá en una batería de impuestos verdes como las tasas al plástico en camino. A su vez, “para reequilibrar el sistema” de pensiones, se incorporarán “ajustes e incentivos para aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal, se modificará el sistema de cotización de trabajadores autónomos, se promoverá el desarrollo de sistemas complementarios de pensiones y se culminará la separación las fuentes de financiación”.
Además, “se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en la media más interrupciones en su vida laboral”. Finalmente, el Gobierno expone que “la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.
Del lado de la reforma laboral, el Gobierno pone el foco en la simplificación de los contratos a fin de generalizar el uso del indefinido, restringir el del temporal y poner en valor una modalidad de formación. Además, el plan propone buscar fórmulas de ajuste alternativas al despido, por ejemplo, rediseñando los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) que viene exprimiendo en esta crisis.
