Se aumenta a 55.000 millones la línea de avales del ICO para inversión y las Cajas de Ahorro se adhieren al Código de Buenas Prácticas para la renegociación de clientes con financiación avalada.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 28 de mayo de 2021, por la que se activa el sexto tramo de avales para empresas y autónomos por 15.000 millones de euros. 10.000 millones se ponen a disposición de autónomos y pymes y los 5.000 restantes se destinan a grandes empresas.
Al contrario de lo ocurrido con la primera entrega de 100.000 millones de avales ICO destinados a dotar de liquidez al tejido productivo y con los siguientes 40.000 millones, que se movilizaron para más liquidez e inversión, estos últimos 15.000 millones se enfocarán de forma exclusiva a las inversiones.
Estas nuevas garantías se podrán solicitar hasta el 1 de diciembre de 2021, siempre y cuando los interesados no se encontraran en situación de morosidad antes de la pandemia, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
El sexto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características, la misma cobertura del aval y el mismo modo de tramitación de los anteriores, hasta el 80% para autónomos y pymes y el 70% para el resto de empresas.
En línea con las progresivas ampliaciones de vencimientos de los préstamos avalados, este acuerdo de Consejo de Ministros permite la liberación de avales públicos por un plazo de hasta diez años para los supuestos en que la ayuda total acumulada por el cliente no supere los 1,8 millones de euros, siendo el vencimiento máximo de ocho años para importes de ayuda pública acumulada superior.
Según el Ejecutivo, las líneas de avales puestas en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se han convertido en un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, aportando fluidez a autónomos y empresas, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.
Desde su puesta en marcha en marzo de 2020 se han garantizado 1.070.100 operaciones y desplegados avales por un importe superior a 96.662 millones de euros, lo que ha permitido movilizar 127.135 millones en financiación hacia el tejido productivo.
Para el Ministerio de Asuntos Económicos el diseño, gestión y modelo de asignación de los avales ha permitido que sea uno de los instrumentos más utilizadas en toda Europa constituyendo uno de los más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.
Sin embargo, el optimismo del Gobierno contrasta con las cifras de concursos empresariales publicadas por Eurostat. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor volumen de quiebras en el primer trimestre del año (16,2 %) respecto al último trimestre del 2020, solo por detrás de Rumanía (72,1 %) y Polonia (16,6 %).
Renegociación de deuda avalada
La aprobación del nuevo tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial ha coincidido con el anuncio de la adhesión de las Cajas de Ahorros al Código de Buenas Prácticas.
Con esta incorporación, se podrán beneficiar los titulares de 342.236 préstamos y créditos con aval del ICO.
CaixaBank, Kutxabank, Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Liberbank, Caixa Ontinyent y Colonya Pollença contribuirán a buscar soluciones financieras para autónomos y empresas viables que hayan sufrido un deterioro de su solvencia como consecuencia de la pandemia, y que cuenten con deuda avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otros organismos públicos.
Las entidades de CECA asumen de esta forma, los compromisos de extender el plazo de vencimiento de las operaciones con aval público en caso de que el deudor cumpla determinados requisitos, evaluar la conversión de la deuda con aval público en préstamos participativos no convertibles en capital y valorar la reducción del principal pendiente (quitas de deuda).
Se establece además un mecanismo de coordinación entre las entidades financieras que tengan exposición a un mismo autónomo o empresa, con el fin de asegurar un tratamiento uniforme.
Para la concesión de estas ayudas, es necesario que antes del 1 de diciembre de 2022 la entidad financiera y el cliente alcancen un acuerdo de renegociación de toda la deuda, generada tras el estallido de la pandemia.
La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe avalado si fue superior al 70%.
